El MITMA convoca una reunión con Élite Taxi y Antaxi el día 22 en el Ministerio
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) a emitido una nota de prensa, a la que ha tenido acceso Todo Taxi, en la cual explica la valoración de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitida el pasado día 8 de este mes.
«A petición de Élite Taxi, el MITMA ha convocado al sector del taxi para valorar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Cuestión Prejudicial C-50/21, planteada por el TSJ de Cataluña en el procedimiento contra Autoridad Metropolitana de Barcelona (AMB)», ha indicado el Ministerio.
Según indican, en la reunión se ha realizado un detallado análisis de la sentencia y sus posibles efectos en el modelo de convivencia entre la prestación de servicios de taxi y VTC previsto en la regulación española. Ese análisis ha puesto de manifiesto que, dado el nuevo marco establecido por el real decreto ley 23/2018, serán especialmente las CCAA y las entidades locales las que deben realizar sus propias evaluaciones de impacto de esta sentencia en sus propias autorizaciones VTC de ámbito autonómico (que habilitan, en su caso, para hacer transporte urbano) y decidir la necesidad, o no, de sus propios cambios normativos.
El Gobierno ha trasladado su disposición para explorar, dentro de los trabajos técnicos que ya se venían realizando y en el marco de las competencias de la AGE en materia de VTC-E (transporte interurbano), la posibilidad de plantear una evolución normativa, alineada con el marco comunitario, que consolide la convivencia equilibrada entre el VTC-TAXI recogida en la normativa estatal vigente, en un marco de competencia leal y lucha contra el fraude.
«En suma, el sector del taxi ha planteado sus principales inquietudes y se ha alcanzado un compromiso de mantener una próxima reunión del día 20 de junio». Cabe recordar que los representantes del Ministerio de Transportes ya se reunieron con Élite Taxi y Antaxi el pasado día 12.
El MITMA recuerda el marco de convivencia que la normativa española ha establecido por el cual las VTC deben ser reguladas por las CCAA y Entidades locales, dado que son principalmente una forma de transporte urbano en vehículo turismo y que el marco de actuación de la AGE sólo puede comprender el transporte interurbano.
Además, incide que que las Entidades Locales pueden adoptar medidas en materia de tráfico o de uso del espacio público, cuando existan razones de interés general (como la mejor gestión del tráfico y del transporte local o el medio ambiente), siendo competencias transversales que permiten condicionar la movilidad llevada a cabo en vehículos de turismo (tanto VTC como taxis) en sus territorios.
Finalmente advierte que las consecuencias jurídicas de la sentencia no serán inmediatas y que existe un alto grado de complejidad jurídica en su aplicación, que en una primera aproximación dependerá en gran medida de las condiciones particulares de cada situación.
