El Parlament Balear aprueba el martes la regulación de los VTC

Los VTC no podrán circular en islas diferentes al domicilio de la autorización

El Parlament Balear aprueba el martes la regulación de los VTC

El Parlament Balear aprueba el martes la regulación de los VTC para blindar el taxi

El Parlament de les Illes Balears aprobará este martes la ley que regulará los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), que contempla limitaciones al funcionamiento de dichos vehículos. La medida responde a la creciente competencia desleal.

La nueva ley, que se espera sea aprobada definitivamente el martes por unanimidad, tiene como objetivo proteger el sector del taxi local en beneficio de los usuarios y que los VTC se destinen a lo que en su día se les asignó a estas autorizaciones, es decir, servicios concertados y no para captación en la vía pública.

El pasado día 31 de enero, todos los grupos políticos llegaron a un acuerdo en el Parlament para retirar todas las enmiendas que se habían presentado a la llamada proposición de ley de regulación del transporte y vehículos de hasta nueve pasajeros (Ley del Taxi) y fundirlas en un nuevo redactado (que no varía la filosofía de la inicial del texto presentado por el PSIB).

La normativa contempla la obligación de los VTC de realizar reservas con al menos 30 minutos de antelación al momento de la prestación efectiva del servicio.

Además, se establece que los vehículos adscritos a las autorizaciones de VTC deberán operar exclusivamente en el territorio de la isla en la que esté domiciliada la autorización, sin circular buscando clientes ni captando viajeros que no hayan contratado previamente.

La ley también prevé una suspensión temporal de las licencias de taxi y autorizaciones de VTC durante seis meses, justificada en elementos como la congestión del tráfico y la protección medioambiental.

El Govern redactará un decreto que establecerá el número tanto de taxis como VTC fijos y estacionales que podrán circular por las carreteras de cada isla. Para evitar que sea tumbada por los tribunales por arbitraria, los números máximos se establecerán en base a criterios objetivos.

También pretende evitar la deslocalización desde otras comunidades autónomas a las Islas Baleares.