Italia aprueba ampliar en un 20% las licencias de taxi, lo que augura movilizaciones del sector
El gobierno de Italia ha aprobado un aumento del 20 por ciento en el número de licencias de taxis en las principales ciudades.
El ex primer ministro Mario Draghi propuso el año pasado desregularizar el sector del taxi permitiendo la entrada de empresas como Uber, pero esto generó grandes protestas en todo el país.
En el Consejo de Ministros del lunes, 7 de agosto, el ministro de Industria, Adolfo Urso, dijo que las ciudades más grandes y aquellas con un aeropuerto internacional podrían aumentar la cantidad de licencias hasta en un 20 por ciento y emitir licencias temporales que duran hasta dos años.
De acuerdo con normas que datan de 1992, las licencias se otorgan a través de concursos públicos por parte de los ayuntamientos que deciden el número de permisos, requisitos y tarifas.
Hasta el momento, las licencias ascienden a 7.703 en Roma, 4.852 en Milán y 2.365 en Nápoles, mientras que los VTC, que también deben tener una licencia específica, suman alrededor de 1.000 en Roma y 200 en Milán, según el últimos datos de 2018 publicados por la Autoridad de Regulación del Transporte de Italia.
Uber y otras aplicaciones similares están prohibidas desde 2015, cuando un tribunal de Milán dictaminó que UberPOP realizaba competencia desleal.
Los taxistas advierten de movilizaciones
Las asociaciones de taxistas están descontentas con la decisión del gobierno y afirman que la emisión de nuevas licencias perturba el sistema. El sindicato de taxistas Unica Taxi CGIL ha advertido de movilizaciones.
“La medida desvirtúa todo lo que hemos construido hasta ahora. Si el gobierno sigue el camino de la desregulación y la liberalización, no tenemos más remedio que llamar a los trabajadores a la lucha”, dijo el coordinador nacional de Unica Taxi CGIL, Nicola Di Giacobbe.
La regulación del número de licencias no es competencia del gobierno
Di Giacobbe advierte de que el gobierno ha entrado «con un decreto en materias que competen a las Regiones, Provincias y Municipios. Y este problema permanece. Hoy los Municipios cuentan con todas las leyes y reglamentos para ajustar o encontrar un equilibrio entre la oferta y la demanda”.
La intervención del Gobierno, por su parte, apunta “a desregular el sector, no a regularlo. Si se quería regular el uso de las plataformas, bastaba implementar la dpcm para regularlas, para equilibrar la oferta y la demanda está el decreto sobre la Ren para establecer el número de vehículos operando y mejorar la eficiencia del servicio en caso de ser necesario”.
Según Di Giacobbe, el resultado de esta intervención del gobierno, por lo tanto, “es nulo: ¿aumentará la fuerza laboral una vez que se apruebe la ley? No. ¿Los municipios cambiarán las reglas? No. ¿Para qué intervino el gobierno? Cuando Municipios, Provincias y Regiones pidieron inversiones en infraestructura y transporte para el metro, no hubo respuestas”.
Di Giacobbe continúa: “El gobierno no ha podido responder y ha preferido apuntar al transporte privado diciendo a las autoridades locales: ‘No les daré el dinero para el transporte público e intervendremos en la movilidad a través del transporte privado’. Pero esto no es lo que quieren los ciudadanos que piden moverse con transporte público local y no con VTC (NCC)”.
