Mientras Barcelona se consolida como una capital europea que defiende los derechos sociales, el empleo de calidad y el interés general, algunos plumillas al servicio del capital se empecinan en despreciar los avances regulatorios bajo la retórica vacía del “progreso”. El artículo de Xavier Salvador en El Español no es una crítica: es un panfleto ideológico contra los trabajadores del taxi, contra Salvador Illa y contra cualquier intento de poner límites al negocio sin escrúpulos de las VTC.
A diferencia de lo que sugiere Salvador, el “modelo catalán” del taxi no es una reliquia, sino un ejemplo de política pública bien diseñada, que equilibra innovación con justicia social. El servicio del taxi en Catalunya es un servicio esencial, reconocido como tal, y no un capricho gremial.
Afirmar que se parece a la siderurgia del siglo XX solo demuestra el desprecio de Salvador por las más de 13.000 familias que dependen directamente del taxi para vivir. ¿Defender los derechos laborales y el control democrático del transporte urbano es anacrónico? Al contrario: es una muestra de valentía política.
Salvador Illa ha demostrado coraje político. No cediendo a las presiones de los lobbies de Uber y Cabify, sino escuchando a la ciudadanía, al sector del taxi y a la legalidad vigente. La nueva ley que la Generalitat está a punto de aprobar, y que restringe los servicios urbanos a los VTC, no es fruto del miedo, sino del rigor. Se basa en datos, en jurisprudencia europea y en una convicción clara: el espacio público no puede regalarse a multinacionales que esquivan impuestos, precarizan el trabajo y operan en zonas grises legales.
Y no, no es “temblar ante la bocina de Tito Álvarez”, como insinúa con burla Salvador. Es respetar a un portavoz del sector que lleva años defendiendo —con argumentos, sentencias y movilización democrática— un modelo sostenible y justo. ¿Desde cuándo protestar, organizarse y presionar políticamente es un chantaje? Solo en el mundo de El Español, donde la movilización popular es incómoda si no viene de ejecutivos de traje y corbata.
Decir que el taxi vive “custodiado como una religión” es un insulto. No se protege al taxi por nostalgia, sino porque cumple un papel social: accesibilidad para mayores, regulación de tarifas, cobertura territorial, control de calidad y obligaciones fiscales claras. ¿Qué VTC cumple con eso? La comparación con Amazon o Netflix no solo es ridícula: es peligrosa. El transporte no es un lujo ni un producto cultural; es una necesidad diaria que debe estar en manos de modelos que respeten el interés público.
A lo que sí debemos aplaudir es a la labor del alcalde de Barcelona, que junto a la Guàrdia Urbana, los Mossos d’Esquadra y la Policía Portuaria ha actuado con firmeza frente a la proliferación ilegal de VTC. Sin esa labor valiente, la ciudad estaría inundada de vehículos sin regulación ni garantías para usuarios ni conductores. La defensa de la legalidad no puede ser un terreno exclusivo de los despachos de Madrid o de la redacción de El Español. También se defiende a pie de calle, como lo hace diariamente el cuerpo policial.
Porque no nos engañemos: lo que molesta a Salvador y a El Español es que se le haya puesto freno al saqueo. La línea editorial de ese medio ha sido sistemáticamente favorable a los fondos buitre, a la desregulación total y al desmantelamiento de los servicios públicos. El taxi representa lo contrario: arraigo, dignidad laboral, soberanía fiscal. Y eso no entra en su narrativa de “modernidad”.
Barcelona no necesita parecerse a Londres o París. Necesita ser Barcelona, con su propio modelo de movilidad, que ha sabido resistir a la imposición neoliberal disfrazada de innovación. La verdadera modernidad está en regular con criterio, no en abrir la puerta a cualquier “startup” cuyo único mérito es saber cómo evitar pagar impuestos en España.
Presidente Illa: adelante. No escuche a los profetas del caos ni a los tertulianos de los intereses cruzados. La ciudadanía sabrá valorar su compromiso con un transporte público, regulado, y al servicio de todos. La historia no la escriben los editoriales subvencionados, sino los gobiernos valientes.
