Uber y Cabify irrumpieron ilegalmente en Chile en 2014, ahora tendrán que cumplir con la nueva legislación
SANTIAGO DE CHILE. 31 Mar. (Noticias del Taxi) – La Subsecretaría de Transportes respondió en la Contraloría los requerimientos de Uber y Cabify, apuntando a una «interpretación errónea de la reglamentación». Además, aseguraron que «»las empresas de aplicación de transportes irrumpieron en Chile hace años, prestando servicios de transporte de pasajeros sin sujeción a regulación alguna y ―derechamente― infringiendo la legislación».
En enero pasado, la Contraloría General de la República empezó a revisar el reglamento de la ley que regula las aplicaciones de las empresas de transporte, como Uber y Cabify. Durante el proceso, el organismo ha recibido una serie de requerimientos de las empresas, alegando que la normativa disminuiría la competencia y se vulnerarían los derechos de conductores y usuarios.
El 12 de enero Uber dijo que el reglamento “adolece de manifiestos vicios de ilegalidad e inconstitucionalidad. No puede entrar en vigencia”. Días después, el 25 de enero, Cabify aseguró que la norma “perjudica a pasajeros y conductores”.
El Ministerio de Transportes (MTT), liderado por Juan Carlos Muñoz, respondió de forma separada a ambas empresas. Primero contestó el requerimiento de Uber, el 19 de febrero, y una semana después el de Cabify.
Según la subsecretaria de Transportes, Denisse Ramírez, “las empresas de aplicación de transportes irrumpieron en Chile hace años. Prestan servicios de transporte de pasajeros sin sujeción a regulación alguna e infringiendo la legislación. Eso motivó un intenso debate que culminó con la dictación de la ley que regula a las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ellas se prestan. Disponiendo los requisitos de las empresas, conductores y vehículos; condiciones de operación; suspensión de inscripciones, entre otras”.
Interpretación errónea del reglamento
Respecto a los cuestionamientos de Uber, la autoridad aseguró que las alegaciones se basan en una interpretación errónea de la reglamentación o en una falta de comprensión del alcance de la potestad reglamentaria con que cuenta el ministerio. Esto, sin que se configuren las pretendidas contravenciones a lo dispuesto por la ley o la Carta Política. Ha sido la propia legislación la que ha dispuesto el marco de acción para esta potestad.
Respecto a Cabify, la subsecretaria respondió que el reglamento “ha sido objeto de un riguroso análisis. Esto, con la finalidad de satisfacer los estándares de razonabilidad técnica a los que se encuentra obligada la administración”.
La startup chilena Tucar SpA también presentó el pasado 2 de febrero un requerimiento, en el que pedía al ente que “corrija, enmiende o subsane” la normativa. A su juicio, “contiene una serie de ilegalidades, errores e inconsistencias”.
Un mes y tres días después, el 5 de marzo, llegó la respuesta del Ministerio de Transportes. En un documento de 18 páginas, firmado por el subsecretario Jorge Daza, la secretaría de Estado arremetió en contra de las aplicaciones de transporte. Ahí, la autoridad acusó que las empresas “irrumpieron informalmente en nuestro país en 2014. Desde ese momento se ha venido prestando de manera paralela con los diversos modos regulados”, como taxis, buses y colectivos.
El MTT sostuvo, además, que los conductores y propietarios de los vehículos utilizados para transporte están expuestos a multas y sanciones.
