Los explotadores Uber y Lyft, pierden su Prop 22 en California: INCONSTITUCIONAL
En un gran revés para las empresas acostumbradas a explotar a los trabajadores en todo el mundo, como son, Uber, Lyft, DoorDash o instacart.
El juez de la Corte Superior del condado de Alameda, Frank Roesch, ha dictaminado este viernes que la Proposición 22, una medida que permitía a estas empresas clasificar a sus conductores como autónomos en lugar de empleados, es inconstitucional.
En una demanda presentada por el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, Roesch dictaminó que la Proposición 22 es «inaplicable» porque varias secciones son inconstitucionales según la ley de California. Eso incluyó el requisito de que una mayoría de siete octavos de la legislatura apruebe las enmiendas, creando una «casi imposibilidad» de que se puedan realizar cambios.
Roesch también encontró que la prohibición de la Propuesta 22 sobre la capacidad de los trabajadores para negociar colectivamente violó el requisito de California de que las medidas electorales se limiten a un solo tema con disposiciones relacionadas con ese tema.
«La prohibición de la legislación que autoriza la negociación colectiva por parte de los conductores basados en aplicaciones de transporte o reparto no promueve el derecho a trabajar como autónomo, ni protege la flexibilidad laboral, ni proporciona estándares mínimos de seguridad y pago en el lugar de trabajo para esos trabajadores».
Indicó Roesch, en el fallo, y añadió:
«Parece solo proteger el interés económico de las empresas de la red en tener una fuerza laboral dividida y no sindicalizada, lo que no es un objetivo declarado de la legislación».
Geoff Vetter, portavoz de Protect App-Based Drivers & Services Coalition (PADS), un comité de acción política (PAC) organizado por estas empresas para apoyar la iniciativa de votación, dijo que se presentaría una apelación de inmediato para suspender la decisión.
La medida del referéndum, que estaba en las votaciones de California durante las elecciones de noviembre de 2020, fue aprobada por el 59% de los votantes.
Escrita y financiada por estas empresas con 181 millones de dólares, la Proposición 22 eximió a las compañías de transporte y entrega de alimentos de cumplir con las leyes laborales estatales que les habrían requerido reclasificar a sus trabajadores como empleados y brindarles beneficios como salario mínimo, compensación laboral y atención médica.
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La Proposición 22 no solo es dañina para los trabajadores de conciertos, también es peligrosa para nuestra democracia. Esta lucha no terminará hasta que todos los trabajadores de conciertos reciban salarios dignos, beneficios y voz en el trabajo que se han ganado.
Estas empresas acostumbradas a la explotación laboral, ya han comenzado a impulsar proyectos de ley de imitación en otros estados.
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