El Partido Popular lo vuelve ha hacer, abandona al taxi andaluz, al igual que hizo en Madrid
Uber y Cabify van a seguir operando en las ciudades andaluzas. Así se desprende en el nuevo decreto aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el pasado martes.
Según el Decreto, los Vehículos de Transporte con Conductor tendrán restricciones, aunque el sector del taxi las considera del todo insuficientes para frenar el intrusismo, al entender que la normativa recién publicada en el BOJA es un “traje a medida de las plataformas y las multinacionales” mientras deja en la cuneta a las 10.000 familias andaluzas del taxi y sentencia al sector a un futuro muy oscuro.
Además, la organización en defensa de los consumidores Facua Andalucía ha cuestionado la efectividad del nuevo decreto, al considerar que no está pensado especialmente en la protección del consumidor.
¿Qué dice el decreto?
El decreto ley por el que se modifica la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOJA, es decir, este sábado 1 de octubre.
Según consta en el documento, la finalidad de este decreto es la de “establecer un marco común para la actividad” de los VTC en Andalucía, “tras las nuevas exigencias introducidas” en 2018 por normativa estatal, según la cual el Estado solo habilitaba a los VTC a prestar servicios urbanos (esto es, dentro de las ciudades) hasta el 1 de octubre y a partir de ese momento delegaba en las Comunidades Autónomas la decisión de que siguieran operando en territorio urbano y bajo qué condiciones.
Responde así, de acuerdo con el contenido del decreto, a la necesidad de “solventar el vacío legal existente para la prestación del servicio en el ámbito urbano” a partir de septiembre. Y se escuda diciendo que la no regulación (escenario anhelado por los taxistas) “tendría un impacto económico y en términos de empleo inasumibles para la sociedad andaluza, condenando además a un sector [el de los VTC] a la práctica desaparición”, así como “efectos negativos para la movilidad urbana”.
Por ello, se autoriza a los VTC a “seguir desarrollando su actividad en el ámbito urbano” en aras de “asegurar la protección de los derechos de los consumidores y usuarios”, al tiempo que se establece un conjunto de “limitaciones al servicio de VTC”, de acuerdo con el planteamiento del Tribunal Supremo, para “permitir una competencia equilibrada entre ambas modalidades de transporte urbano y hacer posible con ello el mantenimiento del servicio”, tal y como recoge el texto.
Medidas concretas
En este punto, el decreto se remite a la ley estatal para que los VTC únicamente puedan circular si se justifica que están prestando un servicio previamente contratado y “en ningún caso podrán hacerlo en busca de clientes, algo que hasta ahora no se ha cumplido en ninguna de las ciudades de Andalucía, a pesar de estar legislado.
El texto recoge además, que a partir de hoy sábado podrán operar en territorio andaluz los mismos vehículos con autorización VTC que hasta ahora, y solo podrán ampliar el número en si se cumple la ratio fijada por el Gobierno de un VTC por cada 30 taxis. Actualmente, Andalucía registra una proporción de un VTC por cada 2,7 taxis.
Élite Taxi acusa a la Junta de Andalucía de imponer el modelo Uber de Ayuso
El Decreto también indica que los VTC tendrán que permanecer alejados 300 metros de aeropuertos, puertos y estaciones de tren y autobús, y a 150 metros de hospitales, centros comerciales, paradas de taxis, hoteles de al menos 4 estrellas, sedes judiciales o espacios en los que se esté celebrando un evento multitudinario, con la excepción de “aquellos servicios que deban prestarse de forma inmediata, como consecuencia de urgencias, emergencias y asistencia en carretera”.
Los taxistas consideran que este punto no va a variar en nada la forma de trabajar hasta ahora de los VTC y que la reivindicación era que se estableciese un periodo de pre contratación de al menos 15 minutos.
Queda prohibida la geolocalización previa a la contratación, por lo que el usuario solo podrá conocer la ubicación del vehículo solicitado una vez contratado.
Los nuevos vehículos que se incorporen deberán de ser negros y con unas medidas mínimas de 4,9 metros, 4,7 metros para híbridos y Eco y 4,5 metros para los cero-emisiones.
El papel de los ayuntamientos
Otro punto controvertido del decreto es la cesión de “la potestad sancionadora” a los ayuntamientos. Con este gesto, la Consejería de Fomento demanda la “colaboración” de los gobiernos municipales a la hora de “vigilar la aplicación de la ley”, con el aliciente de que podrán hacer uso propio de la recaudación.
Asimismo, el decreto concede a los consistorios la potestad de recrudecer las sanciones a los taxis que operen sin licencia y de regular en su ámbito territorial un máximo de 52 días de descanso al año para los VTC.
No obstante, el delegado del Área de Gobernación del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, ha criticado la intención de “traspasar una competencia propia de la Junta de Andalucía” a los consistorios en la medida en que “supone para los ayuntamientos un coste añadido y una complejidad” referente a la “tramitación de las sanciones y la inspección”.
