Los directivos de Uber irán a juicio acusados de organización criminal y estafa
Récord en la admisión a trámite en la querella interpuesta por taxistas y Riders contra Uber por delitos de estafa, vulneración de los derechos de los trabajadores, fraude a la Seguridad Social y organización criminal. Diez días a tardado el Juzgado Central de Instrucción número 2 en admitirla a trámite.
Al margen de la sentencia, ya es una victoria que la Audiencia Nacional haya tardado tan pocos días en ver indicios de delitos en la denuncia, que se presentó el pasado 25 de septiembre.
La querella interpuesta por la asociación Élite Taxi BCN, con el apoyo de la asociación de presión Taxi Project y Riders x Derechos, acusa a Uber Eats de delitos de estafa, contra los derechos de los trabajadores, fraude a la Seguridad Social y organización criminal. Además de a Uber como mercantil, hace extensibles estos delitos a las personas físicas responsables, directivos de Uber, como son Anabel Díaz, directora general de Uber en Europa, Oriente Medio y África; Felipe Fernández de Aramburu, actual director general de Uber España y Portugal; y Juan Galiardo Sosa, director de Uber España.
La utilización de la figura de los Riders como falsos autónomos por empresas como Uber Eats y Glovo, está tipificada el el Código Penal como delito a partir de que entró en vigor la Ley Rider, por lo que puede llegar a ser castigada con penas de prisión.
Las entidades acusan a la empresa de su poder decisorio, para la creación de un modelo de fraude y lucro ilícito de la compañía, utilizando falsos autónomos para simular trabajos en su beneficio y perjuicio de los trabajadores, a los que engañó aprovechando la necesidad de trabajo existente y vulnerabilidad.
Todo lo cual se encuadraría en los delitos de estafa, delitos contra los derechos de los trabajadores, contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, dentro de una posible organización criminal.
