Aumenta la presión sobre Uber y Lyft en California por la ley de los trabajadores

El Fiscal General de California, Xavier Becerra, y sus colegas reguladores estaban hartos de que Uber y Lyft continuaran burlando la nueva ley de trabajadores del estado, y ahora ha realizado un movimiento legal para obligar a las compañías a cumplir con sus obligaciones.

En su presentación del 24 de junio, Becerra y los abogados de la ciudad de Los Ángeles, San Diego y San Francisco pidieron a un juez estatal en San Francisco que emitiera una orden judicial preliminar que ordenara a las compañías clasificar inmediatamente a sus conductores como empleados en lugar de como autónomos.

Eso es lo que exige la ley de trabajadores del estado, conocida como AB 5. «Es hora de que Uber y Lyft cumplan con sus responsabilidades y de las personas que los hacen tener éxito: sus trabajadores», dijo Becerra el día en que se presentó la moción.

Según dijo Veena Dubal, de la Universidad de Derecho de UC Hastings:

«Después de ocho años de mirar hacia otro lado, los funcionarios de California finalmente están haciendo cumplir el estado de derecho contra estas compañías».

 

«Debido a que los reguladores optaron por no hacer cumplir las leyes laborales existentes contra las empresas, se les permitió desarrollar un trabajo precario, no solo en este estado, sino en todo el mundo».

No debería sorprender a nadie que Uber, Lyft y otras compañías de este tipo vean de manera diferente y se estén preparando para una pelea, incluida una campaña de iniciativa de votación multimillonaria, en la que su supervivencia puede estar en juego.

Designados como autónomos, los conductores no están protegidos por un salario mínimo y remuneración de las horas extras, no tienen derecho a subsidio de desempleo, tienen que pagar el IVA del combustible, el seguro, el mantenimiento del vehículo y los Seguros Sociales. Además, no tienen derecho a organizarse sindicalmente.

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Xavier Becerra, fiscal general de California

 

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07/05/2020

 

Enmiendas de Taft-Hartley de 1947

Eludir la designación de empleados como autónomos no es nuevo. Nació en las notoriamente anti-laborales enmiendas de Taft-Hartley de 1947, que primero forjaron la excepción.

Pero se ha vuelto común en una economía empresarial en la que los propietarios de los negocios buscan ahorros en un mercado en el que «los derechos de los trabajadores parecen ser un fruto de poca importancia».

Uber, Lyft y otras compañías de la mal llamada economía colaborativa han explotado las laxas regulaciones laborales de Estados Unidos para construir negocios adictos a forzar el costo de los negocios sobre los hombros de los trabajadores esenciales.

Aun así, no está claro que su explotación de los trabajadores haya generado un modelo de negocio sostenible.

Uber y Lyft reconocen en las declaraciones financieras que nunca podrían ser rentables en las circunstancias actuales y que las cosas empeorarían si tuvieran que clasificar a sus conductores como empleados. (Uber ha perdido 15.700 millones y Lyft 4.200 millones en los últimos tres años del calendario fiscal).

La acción de Becerra, el último movimiento de ajedrez en una demanda que presentó originalmente el 22 de mayo, es solo una de las varias acusaciones que los funcionarios de California han apuntado contra los empleadores por su clasificación de empleados en las últimas semanas.

San Francisco Dist. Atty Chesa Boudin demandó al servicio de entrega de alimentos DoorDash el 16 de junio por clasificar a sus trabajadores como autónomos.

Chesa Boudin dijo a través de un tuit:

«Hoy mi oficina inició una demanda contra @doordash por clasificar erróneamente a los empleados como contratistas independientes.

Les aseguro que este es solo el primer paso entre muchos para luchar por la seguridad de los trabajadores y la aplicación igualitaria de la ley».

Una semana antes, la Comisión de Servicios Públicos de California, que había creado una designación reglamentaria especial para las «compañías de la red de transporte», informó a las compañías que a partir del 1 de enero pasado se presume que sus conductores «son empleados» y advirtió que la ley exige proporcionarles a los conductores los beneficios como tales a partir del 1 de julio.

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La acción de Becerra ha sido alabada como una iniciativa atrasada para proteger los derechos de los trabajadores.

Esta no es una batalla unilateral. Las compañías están luchando contra la demanda de Becerra y, tal vez más consecuentemente, han puesto una medida en la elecciones de noviembre para revocar la ley AB 5.

Su medida, que aparecerá como la Proposición 22, designaría efectivamente a los conductores basados ​​en aplicaciones como aquellos que trabajan para Uber y Lyft permanentemente como autónomos y prohibiría al estado o las localidades promulgar ordenanzas para tratarlos como empleados.

Las compañías han proporcionado a la campaña de la iniciativa un cofre de guerra de 110 millones de dólares hasta ahora:

30 millones cada uno de Uber, Lyft y DoorDash y 10 millones cada uno de Postmates e Instacart, otros dos servicios de entrega.

El engaño de la propuesta 22 que Uber y Lyft ofrecen a los trabajadores de California

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