Baleares busca frenar la llegada masiva de VTC para proteger al sector del taxi
PALMA DE MALLORCA. 23 Ene. (Noticias del Taxi) – El Govern de Baleares ha expresado su preocupación por la posible entrada de cerca de 10.000 autorizaciones de vehículos de transporte con conductor (VTC) en el archipiélago y plantea solicitar cambios en la normativa estatal para limitar su impacto. Así lo señaló el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, tras la reunión del Consell de Govern celebrada esta mañana, insistiendo en que se debe actuar desde “la máxima seguridad jurídica” y en coordinación con el sector del taxi.
Posible reforma de la ley de Transportes
Ante esta circunstancia, el Govern estudia medidas legislativas para evitar que estas autorizaciones se concedan en Baleares. “Es una auténtica barbaridad que puedan desembarcar 10.000 licencias en el archipiélago. Tomaremos todas las medidas necesarias, siempre con el consenso del sector del taxi y dentro del marco legal”, afirmó el portavoz.
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La voz del sector del taxi
La agrupación Taxis-Pimem también ha alertado sobre las posibles consecuencias de autorizar estas licencias. Según su presidente, Biel Moragues, la concesión de los permisos supondría “una hecatombe” para el transporte en las islas y podría provocar la quiebra del modelo de taxi actual, afectando tanto a la movilidad como a la economía y el medio ambiente.
Moragues recordó que el encuentro con la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, sirvió para abordar la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). Esta sentencia exige al Ejecutivo tramitar solicitudes que habían sido denegadas durante la legislatura anterior y cuestiona la posible arbitrariedad en la ratio de VTC por cada taxi.
Impacto esperado de las licencias
Según el sector, de concederse estas licencias, Baleares podría enfrentarse a 3.500 VTC en Mallorca y 6.500 en Ibiza, lo que resultaría insostenible para el modelo local de transporte. Además, se critica que la mayoría de estos permisos estén concentrados en tres o cuatro empresas a nivel estatal, lo que genera una alta concentración de poder en el sector.
