Los hermanos Ortigüela se equivocan con el Cabildo, quieren meter 30 VTC en Gran Canaria

El grupo familiar, colegas de Ares Capital, ha presentado un recurso contra la Consejería de Transportes de Canarias ante el Contencioso Administrativo

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Los hermanos Ortigüela recurren al Contencioso Administrativo para meter 30 VTC en el sur de Gran Canaria

El grupo de los hermanos Ortigüela ha presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, ya que quiere introducir en el sur de Gran Canaria 30 vehículos de VTC que podrían operar con Uber o Cabify.

El consejero de Transportes de Gran Canaria, Teodoro Sosa, ya advirtió de que no quiere ninguna autorización, ya que pueden dañar el entorno de negocios familiares generando tensiones de precios como ya ocurre entre el sector hotelero con Airbnb o Booking.

Los hermanos Ortigüela se convirtieron en los reyes de las autorizaciones VTC con Ares Capital, la sociedad que las ha solicitado en Gran Canaria dependiente en última instancia del fondo King Street.

Ares Capital forma parte de todo un entramado cuando en 2018 el fondo King Street Capital entró en escena en la compra de todos estos activos -casi 4.000 autorizaciones entre las concedidas y las solicitadas ante los tribunales-. Pero no es el único accionista (ni los únicos que aparecen en el consejo de administración). En la lista completa está Jaime Castellanos (Vocento), o Pedro del Corro García-Lomas, director general de Torreal y mano derecha de Juan Abelló.

El pasado año, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cedió un espacio en la Real Casa de Correos a Juan Abelló para que expusiese parte de sus obras de arte -valorada en 200 millones-. Una exposición que estuvo patrocinada por Cabify.

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias ha pedido a los VTC que no estén liando el marco normativo de las islas porque siempre van a tardar más y además en cada isla la norma europea es excepcional como ocurrió con Lidl, que tardó 10 años en comenzar en operar en las islas porque en la Península desconocen el poder que tienen los cabildos al confundirlos con diputaciones.

Los operadores de los VTC no han debido leer bien la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la limitación de los VTC, ya que no afecta en absoluto al territorio insular y por tanto deberá seguir aplicándose lo dispuesto en la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, que establece la limitación de 1/30.

La Dirección General de Transportes del Gobierno de Canarias ha hecho llegar este escrito de coordinación a los cabildos, que son los que ostentan las competencias en el transporte terrestre, para dejar claro que rige la de la comunidad autónoma.

Según el escrito dirigido a los cabildos, se establece en la mencionada sentencia que la contingentación o cupo de VTC no puede ser establecida atendiendo a criterios de tipo económico, por eso, desde la dirección general se considera que Canarias no se encuentra afectada por la misma en base al artículo 4 de la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias.

Este articulado recoge que esta proporcionalidad de los VTC en las islas obedece al objetivo de alcanzar la máxima calidad y seguridad en la prestación de la actividad de transporte por carretera y a la reducción del impacto y del coste medioambiental del mismo. Por tanto, su aplicación en las islas no obedece sólo a criterios económicos.


Paradas de taxis en Las Palmas

Paradas de taxi en Las Palmas

 


Ares Capital

Ares Capital cuelga de una sociedad llamada Siargao Directorship, que tiene un consejo de administración prácticamente calcado y que también es el dueño de Moove Cars, la gestora de toda la flota, tanto de Ares como del resto de empresas adquiridas en este tiempo, y en la que también está como inversor Jon Riberas, copropietario de Gestamp. Siargao, a su vez, depende de otra llamada Garment Investment, S.L. que, al final, tiene un dueño: Stone Peak Plum, con sede en Luxemburgo, cuyo 100% depende de otra firma en las Islas Vírgenes.

La venta al grupo de inversores liderado por el ‘hedge fund’ King Street fue a tres bandas. Uber también tuvo un papel destacado, pues promovió el acuerdo con el objetivo de lograr un socio de largo plazo para el mercado español. De esta forma, la compañía se aseguraba hasta 4.000 autorizaciones para operarlas en su plataforma y mucha más estabilidad.

Por primera vez, Ares Capital desvela lo que facturó de Uber: 15,9 de los 18,5 millones de euros ingresados por servicios de transporte durante el año 2018.