La CNMC ataca de nuevo, posicionándose en favor de los VTC
La Presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, vuelve a posicionarse a favor de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) y en contra del servicio público del taxi.
La CMMC ataca de nuevo, esta vez realizando una declaración conjunta que han enviado a los Gobiernos de las Comunidades Autónomas, presionando para que den vía libre a los VTC, y copien el modelo de destrucción del taxi que Isabel Díaz Ayuso ha implantado en la Comunidad de Madrid.
En el comunicado, critican fuertemente a las comunidades que han regulado el sector de los VTC y que han protegido el servicio público del taxi de interés general, pero también ejercen presión sobre aquellos territorios en los que no se ha regulado, y que según el Decreto Ley de 2018 -Decreto Ábalos-, sin regulación los VTC únicamente podrán realizar servicios interurbanos, quedando así fuera de las áreas urbanas.
En el manifiesto, hacen un llamamiento a los gobiernos autónomos a que regulen la actividad de los VTC, permitiéndoles realizar la actividad en contra de las actuales normativas autonómicas, municipales y estatales que regulan el servicio de transporte de pasajeros. Además, instan a las autoridades a que «no introduzcan requisitos innecesarios o desproporcionados a los VTC».
El ‘Decreto Ábalos’
El Real Decreto-Ley 13/2018 del 28 de septiembre, conocido como ‘Decreto Ábalos’, modificaba la ley de 1987 en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, determinando que los vehículos VTC realizarían únicamente servicios interurbanos.
No obstante, la nueva ley daba un periodo transitorio de cuatro años, en el cual los vehículos VTC podrían seguir realizando viajes urbanos. Según declaraciones del entonces Ministro de Transportes, José Luis Ábalos, plazo para que los VTC pudieran compensar las pérdidas ocasionadas, cuando el precio pagado por las autorizaciones era de 36 euros.
Terminado el periodo de gracia concedido, -y que venció el pasado mes de octubre- algunas Comunidades Autónomas han regulado el servicio de transporte en sus territorios, pero otras no lo han hecho.
Como casos completamente opuestos se encuentran Catalunya, donde un Decret Llei apoyado por todos los partidos políticos -excepto PP, Cs y la ultraderecha- regulaba la actividad de los VTC implantando unas normas que van a prohibir que estos vehículos realicen el servicio de taxi encubierto, como hasta ahora han estado realizando.
En el polo opuesto, está la Comunidad de Madrid, donde su actual presidenta Isabel Díaz Ayuso –señalada como comercial de Uber-, ha firmado un Decreto Ley, con el cual los VTC campan a sus anchas por toda la Comunidad sin ningún tipo de control, y saltándose los principios más básicos en materia de transporte.
¿Quién es Cani Fernández?
Cani Fernández Vicién es la actual presidenta de la CNMC. En el bufete Cuatrecasas de Barcelona fue socia llevando multitud de casos de competencia. El 20 de diciembre de 2017 Cani Fernández se llevó un varapalo como abogada, cuando su defendida, Uber, perdió un caso en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la Asociación Élite Taxi Barcelona. Desde entonces, según el TJUE, Uber es un servicio de transporte y no un ‘servicio de la sociedad de la información’, como alegó Cani Fernández.
El fallo del TJUE con sede en Luxembuergo, supuso un antes y un después, ya que a partir de entonces, el Tribunal Supremo (TS) siguió este cambio de jurisprudencia y revocó decisiones de tribunales anteriores, básicamente entendiendo que desde entonces Uber, B.V. (sociedad neerlandesa que no tributa en España) estaba sujeta a la autorización exigida por la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Sin duda esto debió de afectar al prestigio profesional de Cani Fernández, que junto al equipo de Cuatrecasas -Irene Moreno-Tapia Rivas, Rafael Allendesalazar y Juan José Montero Pascual- llevaban el caso de Uber y perdieron.
La relación CNMC, Cani Fernández y Uber
Cani Fernández prometió ir “más allá” de la normativa de incompatibilidades, pero a principios de este año 2022, archivó una denuncia que afectaba a Uber, su cliente antes de ocupar el cargo de la CNMC en junio de 2020. En el expediente era parte afectada Uber Eats, filial de Uber, junto con Just Eat, Deliveroo y Glovo, según se recoge en la resolución. Esta indica que “procede la no incoación del procedimiento sancionador, así como el archivo de las actuaciones seguidas a partir de la denuncia presentada”.
Según la ley de incompatibilidades de los altos cargos, estos están incursos en conflicto de intereses cuando tomen una decisión que afecte a empresas a las que hayan estado vinculados profesionalmente en los dos años previos al nombramiento.
“Les aseguro que nunca se producirá un conflicto de intereses, que me abstendré incluso voluntariamente cuando la ley no lo requiera pero deba dar un paso más allá, y que además lo haré no solamente por la neutralidad de la independencia de la CNMC sino por su prestigio y buen nombre”, prometió Fernández a los diputados cuando fue propuesta por el Gobierno en junio de 2020.
La firma de Fernández aparece también en varias resoluciones fechadas en octubre pasado relacionadas con el cártel de la automoción desmantelado en 2015 por la CNMC. Cani Fernández fue la artífice de la solicitud de clemencia que permitió al grupo Volkswagen denunciar los hechos y librarse de casi 40 millones en multas.
El pasado mes de agosto, la CNMC se escudó en “la relación de confidencialidad cliente-abogado” para no detallar los conflictos de interés en los que se ha visto inmersa su presidenta Cani Fernández.
