La federación sindical del taxi de València critica la propuesta de tarifas para 2025, que consideran insuficiente
VALÈNCIA. 17 Feb. (Noticias del Taxi) – La Federación Sindical del Taxi de València y Provincia ha emitido un comunicado en el que expresa su desacuerdo con la propuesta de tarifas urbanas para 2025. Según su valoración, el aumento está muy por debajo del 2%, lo que no compensa la pérdida de poder adquisitivo del sector ni refleja el incremento de los costes operativos.
Comparación con otras ciudades
Desde la Federación destacan que, mientras en València el aumento propuesto es inferior al 2%, en otras ciudades españolas las subidas han sido significativamente mayores:
- Barcelona: 4,7%
- Sevilla: 4,5%
- Zaragoza: 4,04%
- Madrid: 2,42%
- Málaga: 4,5%
- Pamplona: 4,3%
- Asturias: 3,71%
- Pontevedra: 7,86%
Esta disparidad ha generado un profundo malestar en el sector, que considera que el taxi en Valencia está siendo perjudicado frente a otras regiones.
Críticas al sistema de informes
La Federación denuncia que, a pesar de una sentencia judicial (Sentencia 427/2024) que señala fallos en el sistema de informes, la administración no ha realizado cambios y sigue aplicando el mismo método de cálculo. Consideran que esto demuestra falta de voluntad política para mejorar las condiciones del sector y recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años.
Exigencias y medidas de presión
Ante esta situación, la Federación Sindical del Taxi de València y la Gremial han acordado convocar protestas si la subida final de tarifas para 2025 no supera el 4%. Sin embargo, temen que sus alegaciones no sean escuchadas, lo que dejaría al sector en una situación aún más precaria.
Desde la Federación cuestionan la postura de la Conselleria y se preguntan si estas decisiones buscan precarizar aún más la profesión, afectando directamente a las familias que dependen del taxi.
Compromiso con la defensa del sector
La Federación Sindical del Taxi de València reafirma su compromiso con los taxistas y anuncia que mantendrá su política de protestas y acciones judiciales durante 2025 para denunciar la situación y exigir una solución justa para el sector.
