Uber pagará en California más de 8 millones por haber calificado a los conductores como autónomos
8,4 millones de dólares es la cantidad que Uber pagará en California para cerrar la reclamación colectiva de los conductores en el juzgado. La demanda presentada acusa a Uber de haber contratado a los conductores como autónomos en vez de como empleados. El Tribunal de Distrito de EE. UU. en el Distrito Norte de California aprobó el acuerdo el 21 de julio.
El acuerdo se aplica a los conductores que usaron la aplicación Uber Rides en California entre el 28 de febrero de 2019 y el 16 de diciembre de 2020, o que usaron la aplicación Uber EATS en California entre el 28 de junio de 2016 y el 7 de octubre de 2021, y que optó por no participar en el acuerdo de arbitraje de Uber. No reclasifica a los conductores como empleados.
«Este tipo de casos se están volviendo muy comunes en California», dijo Jennifer Shaw de Shaw Law Group en Sacramento, California. «Los problemas de los autónomos han estado en las noticias durante varios años, pero estamos viendo que se presentan más casos.
«Una de las conclusiones más importantes es que la intención no importa», agregó. «Existen requisitos muy estrictos para establecer acuerdos de autónomos válidos, y si no se cumplen, ese es el final de la historia. Muchos de nuestros clientes van más allá cuando se trata de este tipo de acuerdos, que sin duda es su prerrogativa. Pero cada vez es más difícil evitar la responsabilidad por este tipo de reclamaciones».
Uber, con sede en San Francisco, tiene alrededor de 1 millón de conductores estadounidenses y alrededor de 29 000 empleados en todo el mundo.
«Este caso fue muy público y fuertemente litigado, y podría decirse que Uber no estaba en una buena posición para ganar el caso en última instancia», señaló Shaw.
El fondo del asunto
Promulgado como ley en septiembre de 2019, el Proyecto de Ley 5 de la Asamblea de California establece que los trabajadores deben ser clasificados como empleados, a menos que el empleador demuestre que están libres del control de la empresa y que realizan un trabajo que está fuera del curso habitual de los negocios del empleador. Además, debe de estar dedicado a un comercio, ocupación o negocio establecido de forma independiente.
Esta ley «hizo que la clasificación adecuada de los trabajadores como autónomos sea mucho más difícil al establecer de manera concluyente la presunción de que un trabajador es un empleado, colocando la carga sobre los empleadores para probar lo contrario y aplicando una prueba más estricta para que los trabajadores califiquen como autónomos», dijo Netta Rotstein, abogado y consultor de recursos humanos en Engage PEO, una firma de subcontratación en Los Ángeles.
«La constitucionalidad de la ley sigue siendo impugnada en los tribunales y, aunque aún no se ha emitido el veredicto, se espera que aumente el número de casos de clasificación errónea».
En 2020, los votantes de California aprobaron la Proposición 22, que decía que las empresas de transporte como Uber y Didi podían clasificar legalmente a sus conductores como autónomos, en lugar de empleados. El 20 de agosto de 2021, un tribunal superior de California dictaminó que la proposición 22 era inconstitucional e inaplicable. Los partidarios de la Proposición 22 apelaron esa decisión.
Uber presentó una demanda en julio de 2021, solicitando a un tribunal federal de apelaciones que rechazara el Proyecto de Ley 5 de la Asamblea por inconstitucional y bloqueara su aplicación.
