Uber se queda sin opciones, el Ayuntamiento de Ibiza prohíbe a la empresa de transportes operar en el municipio
El Ayuntamiento de Ibiza no permite que Uber pueda empezar a trabajar sin permiso y prohíbe a la empresa de transportes ofrecer el servicio de taxi en su municipio.
Así, prohíbe la captación de taxistas, ya que en el caso de dejar de trabajar con el operador de GPS de la Federación Insular del Taxi de la Isla de Eivissa (FITIE) para pasarse a la aplicación, se enfrentarían a sanciones por incumplimiento de la normativa.
El Ayuntamiento de Ibiza es el único de la isla que ha hecho los deberes en esta materia. Cuenta con un reglamento de uso del operador de GPS aprobado y con dos convenios con operadores en vigor. En virtud de ello, todos los taxis del municipio deben estar adscritos a un operador de GPS y el operador de GPS debe estar autorizado por el Ayuntamiento, salvo que quieran trabajar incumpliendo el reglamento.
En estos momentos, el único operador activo es el de la Federación Insular del Taxi de la Isla de Eivissa (FITIE).
Sanciones por no respetar la normativa
A día de hoy el taxista de Vila que decidiese trabajar con Uber se enfrentaría a sanciones calificadas graves por «no respetar la normativa de funcionamiento mediante tecnología de posicionamiento por satélite», según el Reglamento de Funcionamiento del GPS en vigor desde el 1 de diciembre de 2014. Una sanción grave puede ser multada con hasta 1.250 euros, además de 15 días sin poder trabajar con GPS.
Continuar trabajando con Uber supondría que el taxista acabaría cometiendo infracciones calificadas muy graves, en cuyo caso la multa asciende a 2.500 euros y 30 días sin poder trabajar con el operador.
Uber no ha solicitado la autorización para operar en Ibiza
De momento, la empresas de transportes Uber no ha solicitado autorización al Consistorio para poder operar.
Si Uber optase por solicitarla, deberá de presentar un estudio económico y cumplir con los requisitos que establece el reglamento en cuanto a cumplimiento de la normativa de transporte de pasajeros y monitorización de la actividad de los taxistas. Cabe recordar que cuando Uber volvió a operar en Barcelona en enero de 2021, el Instituto Metropolitano del Taxi (IMET), dirigido entonces por Rosa Alarcón, le prohibió realizar servicios en Barcelona hasta que presentase un proyecto adecuándose a la normativa.
El concejal de Transports avisa de sanciones a Uber
El concejal de Transportes, Rubén Sousa, ha indicado que vigilarán de que se cumpla la normativa y si no se cumple, sancionarán. Además, ha añadido, que «no vemos necesidad de otro operador de GPS en el municipio».
En estos momentos, además del citado convenio con la FITIE al que están adscritos todos los taxistas, hay un segundo convenio con Nitrax que está en desuso.
¿Qué ocurre con el resto de la isla?
Sant Antoni y Sant Joan tienen reglamento aprobado pero no convenios firmados con la FITIE y Santa Eulària y Sant Josep no tienen ni reglamento aprobado ni, obviamente, convenio con la FITIE.
En los casos de Sant Antoni y Sant Joan la exigencia es la misma que en el municipio de Vila, pero no se cumple con la FITIE que opera sin convenio, por lo que Uber estaría en igualdad de condiciones si decidiera operar sin respaldo. Algo parecido sucedería en Santa Eulària y Sant Josep, aunque en este caso bajo la normativa autonómica.
Así pues, los taxistas con licencia del Ayuntamiento de Ibiza no pueden trabajar con Uber y los taxistas del resto de la isla no pueden operar en el municipio de Vila.
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Uber se queda sin opciones
Esta limitación complica a Uber sus operaciones, en el caso de que algún taxista estuviera tentado a «trabajar con la mugre», como se les denomina en Barcelona a los colaboradores de Uber, ya que el taxista que trabaje con Uber deberá dejar de trabajar con el GPS de la FITIE y, en consecuencia, no podrá atender los servicios que tengan origen o destino Vila.
A Uber solo le queda una opción, captar vehículos con autorizaciones de VTC para poder competir con el servicio de taxi, incumpliendo la pre contratación de 30 minutos que establece la ley balear, aunque el Govern quiere eliminarla.
